Derecho Administrativo

El derecho administrativo es aquél que regula el accionar de las distintas dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, de lo primero que se ocupa es de establecer los requisitos de forma plasmados en el denominado procedimiento administrativo, para que esas dependencias tomen sus decisiones y expresen su voluntad mediante el dictado de actos administrativos con plena entidad jurídica; vedando su accionar por fuera de esos cauces legales en carácter de vía de hecho.

A su vez, el derecho administrativo se ocupa de establecer el modo y alcance del ejercicio del derecho de las personas, humanas y jurídicas de poner en discusión esas decisiones del Poder Ejecutivo mediante los reclamos y recursos administrativos, así como su eventual impugnación en sede judicial:

• Reclamo administrativo previo

• Recurso de revisión

• Recurso de reconsideración

• Recurso jerárquico

• Recurso de alzada

• Impugnación judicial de acto particular

• Impugnación judicial de acto general

• Recurso directo

• Amparo por mora

• Acción declarativa

• Medida cautelar autónoma

• Amparo

En este sentido, el derecho administrativo opera como la base de todas las demás ramas del derecho público, incluido el derecho tributario y el derecho aduanero, específicamente en lo que hace al dictado de los actos administrativos, los procedimientos administrativos y los derechos de los administrados frente a los mismos.

Por su parte, dentro del derecho administrativo se incluyen los marcos regulatorios específicos de ciertas actividades que se consideran de interés público mediante los cuales el estado, a través de las correspondientes autoridades de aplicación, controla el ejercicio por parte de los privados y, eventualmente, aplica sanciones por los incumplimientos mediante procedimientos sumarios:

• Actividad financiera y cambiaria: Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Unidad de Información Financiera (UIF)

• Mercado de capitales: Comisión Nacional de Valores (CNV)

• Energía eléctrica, nuclear, gas y biocombustibles: Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Secretaría de Energía (SE)

• Precursores químicos: Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

• Armas y explosivos: Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)

• Correo y telecomunicaciones: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

• Gestión de datos: Dirección Nacional de Datos Personales (DNDP)

• Transporte internacional de personas: Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

• Aviación: Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

• Transporte terrestre: Secretaría de Transporte (ST) y Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

• Navegación marítima y fluvial: Prefectura Naval Argentina (PNA)

• Actividad pesquera: Subsecretaría de Pesca y Agricultura (SPyA)

• Actividad portuaria: Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)

• Actividad vitivinícola: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

• Sanidad animal: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

• Comercio: Secretaría de Comercio (SC) y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)

• Comercio de alimentos y farmacéutica: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)

• Actividades contaminantes: Subsecretaría de Ambiente (SSA)

• Aseguradoras: Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

• Obras sociales y prepagas: Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)

• Cooperativas: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Por último, dentro del derecho administrativo también se encuentran incluidos las formas y requisitos de aquellas operaciones por las que el estado requiere de la contratación de privados para poder ejecutar sus funciones:

• Licitaciones

• Suministros

• Contrataciones directas

• Concursos públicos

• Empleo público

En general, más allá de aquellos casos en que los funcionarios incumplen con los procedimientos expresamente establecidos o aquellos otros en que la cuestión se resuelve mediante los principios del derecho administrativo sancionatorio, los conflictos que pueden presentarse en esta materia suelen definirse por un accionar de la administración que no es acorde, o se encuentra directamente por fuera, a lo previsto en la ley o, en su caso, la aplicación del principio constitucional de razonabilidad sobre la reglamentación de derechos efectuada en las leyes o demás normas infralegales.